Corte de apelaciones respalda al gobierno de Trump sobre detención de migrantes sin fianza
Estados Unidos puede seguir deteniendo a migrantes sin fianza, dictaminó una corte de apelaciones, lo que supone una victoria para la campaña del gobierno del presidente Donald Trump contra la inmigración.
El veredicto de un panel de la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito en St. Louis revocó un fallo de un tribunal inferior que exigía que un mexicano arrestado por carecer de documentación legal tuviera una vista de fianza ante un juez de inmigración.
Es el segundo tribunal de apelaciones que falla a favor de la Casa Blanca en este asunto. El Quinto Circuito, en Nueva Orleans, resolvió el mes pasado que la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de negar audiencias de fianza a migrantes arrestados en todo el país era compatible con la Constitución y la ley migratoria federal.
Ambas opiniones contradicen decisiones recientes de tribunales inferiores en todo el país que sostenían que la práctica es ilegal.
En noviembre, una corte de distrito en California otorgó a migrantes detenidos que no tenían antecedentes penales la posibilidad de solicitar una vista para que fijar una fianza, lo que tuvo implicaciones para personas sin nacionalidad estadounidense recluidas en centros de detención en todo el país.
Con gobiernos anteriores, la mayoría de los ciudadanos extranjeros sin antecedentes penales que eran arrestados lejos de la frontera podían solicitar una audiencia de fianza mientras sus casos avanzaban en los tribunales de inmigración. Históricamente, solía concederse la fianza a personas sin condenas penales previas y que no representaban riesgo de fuga, y la detención obligatoria se limitaba a quienes habían cruzado recientemente la frontera.
En el caso ante el Octavo Circuito, Joaquín Herrera Ávila, natural de México, fue detenido en Minneapolis en agosto de 2025 por carecer de documentación legal que autorizara su entrada en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional lo retuvo sin fianza e inició los trámites para su deportación.
Ávila presentó una petición en la que solicitaba su puesta en libertad inmediata o una audiencia de fianza. Un juez federal en Minnesota le dio la razón y señaló que la ley autorizaba la detención sin fianza cuando una persona que solicita su ingreso no tiene, de manera clara y fuera de toda duda, derecho a ser admitida. De acuerdo con el magistrado, ese no era el caso de Ávila porque llevaba varios años viviendo en el país sin haber reclamado la naturalización, asilo o estatus de refugiado y, por lo tanto, no estaba “solicitando la admisión”.
El juez de la Corte de Apelaciones Bobby E. Shepherd escribió en la opinión de la mayoría —en una decisión 2-1— que la ley era “clara en cuanto a que un ‘solicitante de ingreso’ también es un extranjero que ‘solicita admisión’”, y por ello Ávila no podía presentar una petición bajo esos argumentos.
El magistrado Ralph R. Erickson discrepó y sostuvo que Ávila habría tenido derecho a una audiencia de fianza durante su proceso de deportación si hubiese sido detenido en los últimos 29 años. Ahora, escribió, la Corte de Apelaciones ha dictaminado que Ávila y millones de personas más estarían sujetas a una detención obligatoria en virtud de una nueva interpretación de “extranjero que solicita admisión” que no ha sido utilizada por los tribunales ni por los cinco gobiernos presidenciales anteriores.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que representa a Ávila, no respondió a un correo electrónico solicitando comentarios.
La secretaria de Justicia, Pam Bondi, celebró el fallo y dijo en una publicación en redes sociales: “¡ENORME VICTORIA JUDICIAL contra jueces activistas y a favor de la agenda de ley y orden del presidente Trump!”.
Lo que está en duda es si el gobierno está obligado a pedir a un juez neutral que determine si es legal encarcelar a alguien.
El caso se basa en el habeas corpus, un término jurídico en latín que se refiere al derecho constitucional de las personas a impugnar legalmente su detención por parte del gobierno.
Los inmigrantes han presentado más de 30,000 peticiones de habeas corpus ante cortes federales alegando detención ilegal desde el inicio del segundo mandato de Trump, según un recuento de The Associated Press. Muchas han prosperado.
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